La Fiscalía Provincial de Málaga ha comunicado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la apertura de diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el Consistorio contra el concejal portavoz del grupo político UpyD en el municipio, Ramón Guanter, por si hubiera podido cometer un delito de amenazas y coacciones. La denuncia está motivada por la presentación por parte de este edil de un escrito en el registro general del Ayuntamiento el pasado 4 de abril, en el cual exigía que se paralizaran las obras que se están llevando a cabo en la Unidad de Ejecución UE-EC-04, hasta que se solucionara una supuesta falta de metros de áreas libres, y amenazando con presentar, en caso contrario, una denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción.
El
Ayuntamiento entiende que los términos en los que está redactado este escrito
del señor Guanter pudieran constituir un delito de amenazas y coacciones, lo
que es absolutamente intolerable, teniendo en cuenta que se trata una actuación
urbanística que ha sido tramitada de forma totalmente correcta, respetando en
todo momento la legislación urbanística vigente y las normas propias del PGOU
de Alhaurín de la Torre.
El equipo de
gobierno entiende que si este señor o cualquier otro ciudadano tiene
conocimiento de la comisión de un delito, tiene la obligación de denunciarlo
ante el órgano o la autoridad competente, y no dar ningún plazo de cinco días,
como el que daba en el escrito presentado en el registro. ¿Qué sentido tiene
conceder ese plazo de cinco días? ¿Pretende amenazar con que presentará la
denuncia si en el referido plazo no se accede a su pretensión?.
Como concejal
del Ayuntamiento, este señor puede tener vista del proyecto de reparcelación de
la citada unidad de ejecución y solicitar todas las aclaraciones sobre el mismo
mediante el cauce adecuado (en el pleno, en los plazos de alegaciones, mediante
recursos contenciosos-administrativos, etcétera), pero, en lugar de eso,
solicita una paralización que no se justifica en modo alguno. Es más, este mismo
concejal votó a favor del mismo proyecto que después, finalmente, denunció. En
concreto, en el pleno de agosto de 2012 dio su voto favorable tanto al convenio
urbanístico como al estudio de detalle.
La tramitación
de esta unidad se ha hecho respetando en todo momento la legislación
urbanística vigente y las normas del propio PGOU de Alhaurín de la Torre,
incluidos los principios de publicidad y transparencia. Durante los periodos de
exposición pública ni este concejal ni ninguna otra persona presentó alegación
alguna.
Es además
radicalmente falso lo que afirma el portavoz de UpyD, según el cual solo se han
cedido 3.424,55 metros cuadrados de áreas libres, cuando en el PGOU la cesión
prevista en tal concepto es de 5.076 metros. Hay que aclarar que el estudio de
detalle no modifica la calificación que contiene en el PGOU, ni tampoco la
ubicación de las áreas libres, sino que las desglosa con mayor concreción. En
suma, la superficie de áreas libres de esta unidad es todavía mayor a la
exigida: 5.922,73 metros cuadrados, que se dividen de la siguiente manera:
3.424,55 metros de verde público, 1.099,83 metros de D.P Hidráulico y 1.398,55
metros de carreteras.
El hecho de
que en el PGOU se establezca una parcela de áreas libres de 5.076 metros no
quiere decir que tengan que ser cedidos obligatoriamente por los promotores de
sus terrenos privados, sino que esa superficie es la que debe constar de áreas
libres.
Desde el
equipo de gobierno nos preguntamos qué oscuros intereses se esconden detrás de
la denuncia presentada por el portavoz de UpyD. ¿Qué es lo que defiende el
señor Guanter, quien hace menos de dos años estaba encantado con este proyecto
y ahora se empeña en ensuciarlo a base de calumnias?
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