El último Pleno Municipal ordinario, celebrado el
viernes, aprobó una propuesta del concejal de Bienestar Social e Igualdad,
Pablo Montesinos, que recoge seis sugerencias de mejoras aportadas por la
institución local para su inclusión en el Plan de Exclusión Social de la Junta
de Andalucía 2014. La moción recibió el respaldo de los grupos del PP, UPyD y
Electores, la abstención de IU-CA y únicamente voto contrario del PSOE, que
tildó el texto de ''político y oportunista'', algo rechazado de plano por el
equipo de gobierno. La propuesta valora muy positivamente el citado programa
autonómico, instaurado en 2013, ya que propició la puesta en marcha de medidas
urgentes para paliar situaciones de dificultad en el acceso al mercado laboral
para determinados colectivos en riesgo. Sin embargo, el concejal del Área
destaca que su puesta en marcha generó enormes dificultades a las
administraciones encargadas de gestionarlo, ayuntamientos y Diputación, ''por
la premura y la precipitación en su desarrollo'', e incluso con dotaciones
presupuestarias escasas cuyos costes de gestión llegaron a ser superiores al
provecho de los beneficiarios. ''Por no hablar del fuerte incremento del
volumen de trabajo en los trabajadores sociales del Consistorio'', añade.
Por ello y una vez analizado y cotejado el
impacto de este plan en la ciudadanía de Alhaurín de la Torre, a través de
informes exhaustivos, la Concejalía de Bienestar Social elaboró un listado de
puntos de mejora para su aprobación en el Pleno. En primer lugar, insta al
Consejo de Gobierno a incrementar la dotación económica del programa; en
segundo lugar, propone que se anticipe la aprobación del plan al primer
semestre del año, junto con todos los protocolos de actuación, a fin de que su
puesta en marcha no genere colapsos ni dudas de aplicación y permita celebrar
de forma anterior reuniones informativas con las administraciones implicadas.
En tercer lugar, sugiere el incremento del
personal especializado de refuerzo de ayuntamientos y Diputación para gestionar
todas las líneas y programas de ese nuevo Decreto de Lucha Contra la Exclusión
Social, puesto que en 2013, los empleados se vieron desbordados por la
afluencia de solicitudes y expedientes. En cuarto lugar, solicita que el
Programa de Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria sea percibido por los
ayuntamientos para las familias en riesgo de exclusión social, priorizando
aquellas que tengan niños en edad escolar, en lugar de gestionarlo a través de los
colegios. En quinto lugar, reclama la ampliación de la cobertura del Programa
de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, tanto en duración como en
asignación presupuestaria, para permitir el acceso a personas con dependencia
severa y gran dependencia. Por último, que el Plan contemple un calendario de
pago a las entidades locales y fije el adelanto del presupuesto destinado a
cada corporación.
Montesinos estima que, con estas correcciones, el
programa autonómico no recaerá en los posibles errores del año pasado, ya que
''se evidenció una escasa instrucción sobre los procedimientos'' que repercutió
en una enorme disparidad de criterios entre los ayuntamientos a la hora de
fijar las prioridades, en detrimento de la agilidad y eficacia.
El grupo socialista, que votó en contra, no dudó
en calificar de ''política y oportunista'' la propuesta del equipo de gobierno,
''porque solo pretende atacar a la Junta y rellenar el orden del día del
Pleno'', según Ana Ortega, su viceportavoz. Pablo Montesinos negó tal extremo y
criticó al PSOE: ''Si ustedes leen uno a uno los puntos que proponemos
descubrirán que se basan en la lógica, el sentido común y la experiencia de
2013, pero no obstante les invitamos a que hablen con los técnicos de los
Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento y de cualquiera donde ustedes
gobiernen; descubrirán que es la realidad. No hay en absoluto un ánimo de
atacar al Gobierno autonómico, solo de ayudar a mejorar''.
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