Una empresa de Alhaurín de la Torre entre las implicadas
Hay otras cuatro firmas que se constituyeron en 2009 y recibieron cuantiosas subvenciones en 2010.
Pese a que han recibido dinero público, varias de las empresas investigadas llevan años sin publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. Algunas no lo han hecho jamás y sólo tres, de las 17 indagadas, las presentaron el año pasado con los datos correspondientes a 2012. Fuentes consultadas explicaron que no todas las sociedades limitadas tienen que presentar obligatoriamente sus cuentas ya que depende de una serie de requisitos, aunque sí subrayan que lo normal es hacerlo por transparencia. El objetivo marcado por la ley es que cualquier persona pueda tener un acceso directo a la información de cualquier empresa y su situación financiera y, de no hacerse, se están ocultando datos a los posibles socios, clientes o acreedores.
Este hecho se repite en varias de las firmas investigadas, constituidas precisamente en 2009, un año antes de que recibieran las ayudas que están siendo objeto de análisis por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Hay otras empresas que sí han mostrado cierta actividad en el registro mercantil, pero que no llevan sus depósitos al día.
Las cantidades subvencionadas que están siendo objeto de investigación oscilan entre los 60.000 y los 150.000 euros. El objetivo de estas ayudas era fomentar la creación de cursos de formación para desempleados y las empresas que se ofrecían a realizarlos se comprometían a contratar, al menos durante seis meses, al 60% de los alumnos. La Seguridad Social detectó que muchos de estos estudiantes que tenían que haber sido contratados no estaban dados de alta y así aparecieron varios nombres de empresas o academias que fueron puestos en conocimiento de la UDEF.
La Policía ha hecho un informe preliminar, ha tomado declaración a unas 250 personas, entre las que se encuentran los supuestos alumnos, y trabaja en colaboración con la Fiscalía de Málaga, aunque todavía no ha llegado al juzgado. Fuentes de la Fiscalía esperan poder llevarlo antes del verano. No ha habido, por tanto, ningún detenido ni imputado por el momento.
Se ha puesto la lupa en 17 empresas -todas de Málaga, salvo una de Cádiz y otra de Granada- y se estima que el fraude, de existir, sumaría unos 1,5 millones de euros. La Junta concede el 75% de la subvención por adelantado y el 25% restante cuando se acredita la finalización del curso y la contratación. La Policía cree que muchos de estas empresas no cumplieron tales requisitos y que incluso algunas de ellas no hicieron ni los cursos, aunque sí cobraron ese 75% de subvención.
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