Una empresa de Alhaurín de la Torre entre las implicadas
Cinco de las empresas que están siendo investigadas por la Policía
Nacional y la Fiscalía por el supuesto fraude en subvenciones
relacionadas con cursos de formación para desempleados recibieron las
ayudas al poco tiempo de crearse. Una de ellas,la erradicada en nuestro municipio,l incluso, obtuvo
subvenciones por partida doble de 63.858 y 79.950 euros con cargo al
programa de formación profesional ocupacional 32D del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) correspondientes a 2007 y 2010, cuando la empresa fue
constituida el 4 de octubre de 2007. Esta compañía sólo ha presentado sus cuentas anuales en 2008 según los datos
del Registro Mercantil aunque podría superar los 300.000 euros de
facturación y tener una decena de empleados.
Hay otras cuatro
firmas que se constituyeron en 2009 y recibieron cuantiosas subvenciones
en 2010.
Pese a que han recibido dinero público, varias
de las empresas investigadas llevan años sin publicar sus cuentas
anuales en el Registro Mercantil. Algunas no lo han hecho jamás y sólo
tres, de las 17 indagadas, las presentaron el año pasado con los datos
correspondientes a 2012. Fuentes consultadas explicaron que no todas las
sociedades limitadas tienen que presentar obligatoriamente sus cuentas
ya que depende de una serie de requisitos, aunque sí subrayan que lo
normal es hacerlo por transparencia. El objetivo marcado por la ley es
que cualquier persona pueda tener un acceso directo a la información de
cualquier empresa y su situación financiera y, de no hacerse, se están
ocultando datos a los posibles socios, clientes o acreedores.
Este hecho
se repite en varias de las firmas investigadas, constituidas
precisamente en 2009, un año antes de que recibieran las ayudas que
están siendo objeto de análisis por la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF). Hay otras empresas que sí han mostrado cierta
actividad en el registro mercantil, pero que no llevan sus depósitos al
día.
Las cantidades subvencionadas que están siendo objeto
de investigación oscilan entre los 60.000 y los 150.000 euros. El
objetivo de estas ayudas era fomentar la creación de cursos de formación
para desempleados y las empresas que se ofrecían a realizarlos se
comprometían a contratar, al menos durante seis meses, al 60% de los
alumnos. La Seguridad Social detectó que muchos de estos estudiantes que
tenían que haber sido contratados no estaban dados de alta y así
aparecieron varios nombres de empresas o academias que fueron puestos en
conocimiento de la UDEF.
La Policía ha hecho un informe
preliminar, ha tomado declaración a unas 250 personas, entre las que se
encuentran los supuestos alumnos, y trabaja en colaboración con la
Fiscalía de Málaga, aunque todavía no ha llegado al juzgado. Fuentes de
la Fiscalía esperan poder llevarlo antes del verano. No ha habido, por
tanto, ningún detenido ni imputado por el momento.
Se ha puesto
la lupa en 17 empresas -todas de Málaga, salvo una de Cádiz y otra de
Granada- y se estima que el fraude, de existir, sumaría unos 1,5
millones de euros. La Junta concede el 75% de la subvención por
adelantado y el 25% restante cuando se acredita la finalización del
curso y la contratación. La Policía cree que muchos de estas empresas no
cumplieron tales requisitos y que incluso algunas de ellas no hicieron
ni los cursos, aunque sí cobraron ese 75% de subvención.
La desaparición de Ana María parece que puede haber tenido final feliz.